La democracia junto a la chimenea

Franklin Roosevelt ha pasado al imaginario colectivo como un extraordinario presidente de los Estados Unidos. Sin duda lo fue. Para empezar, se salió de la común tradición de no sobrepasar los dos mandatos. Bajo sus cuatro presidencias, los americanos superaron la terrible depresión económica de 1929, vivieron importantes desarrollos sociales y presenciaron como su país ganaba la Segunda Guerra Mundial y emergía como potencia hegemónica mundial.

Sin embargo, su paso triunfal a la historia se debe, también, a que la propia democracia americana tuvo la osadía de frenarle en ocasiones. Porque Roosevelt, influido por el Zeitgeist de la época y por el enorme apoyo popular que concertó, tuvo también sus tentaciones caudillistas. En algún momento sintió también el cosquilleo del populismo y la llamada a una democracia sin tantos contrapesos ni intermediaciones institucionales. Puede ser oportuno evocar hoy uno de aquellos episodios, que guarda sorprendentes similitudes con los debates que vivimos en España y con algunos de los dilemas que planean sobre las democracias liberales en su conjunto.

El político demócrata llegó a la Casa Blanca en 1932 prometiendo una amplia reforma económica y social que paliara la devastación económica. Bajo el paraguas del New Deal, impulsó una intensa política de obra pública. Avalado por los resultados electorales, potenció el papel del Estado, desplegó una regulación económica intervencionista, puso en marcha sistemas de protección social y alentó el papel de los sindicatos. Como era previsible, estas iniciativas levantaron resistencias notables. Algunas de sus decisiones fueron impugnadas ante el Tribunal Supremo, que a partir de 1935 empezó a tumbar parte de su programa de gobierno al considerarlo contrario a algunos principios constitucionales.

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En este clima de divergencia con el Tribunal Supremo y con diversos sectores económicos, Rosevelt se presentó a la reelección en 1936. No solo revalidó la presidencia, sino que tuvo el histórico respaldo del 61% de los americanos. Crecido por la victoria y seguro de tener “un mandato popular” para hacer cumplir su programa social y económico, el presidente decidió dar un golpe de mano y romper las reglas del juego. Si los jueces no le daban la razón, si los jueces no sintonizaban con la voluntad popular, había que cambiar a los jueces. Y así, en 1937, remitió al poder legislativo la Ley de Reforma Judicial, con el objetivo de redefinir las mayorías en el Tribunal Supremo. Se trataba, al fin y al cabo, del clásico intento autoritario de dominar a los árbitros y de cambiar a media partida las reglas del juego democrático. Esta dinámica suele ser uno de los indicios habituales del declive de las democracias, tal como explican Steven Levitski y Daniel Ziblat en su sugerente libro sobre Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018).

En palabras de Roosevelt, se trataba de “introducir sangre nueva” en el Supremo, nombrando a un nuevo juez cada vez que alguno de los miembros de la Corte cumpliera 70 años y renunciara a retirarse. De este modo, Roosevelt podía lograr el control del tribunal con rapidez. Estaba claro que era una interferencia sin precedentes y una flagrante descompensación de los check-and-balances que estructuran la democracia americana. Por eso el presidente se justificó ante toda la nación el 9 de marzo de 1937, en una de aquellas radiofónicas “charlas junto a la chimenea” desde las que se dirigía al pueblo americano. Vale la pena reproducir los argumentos de ese Fireside chat. Es llamativo como 80 años más tarde los argumentos se repiten en nuestro país.

El presidente americano se dirigió a la nación recordando que el pueblo le había dado el “mandato” de luchar contra los abusos y las desigualdades, a fin de evitar nuevas catástrofes económicas. Sin embargo, “los tribunales han puesto en duda la capacidad del Congreso para satisfacer de lleno nuestras modernas condiciones sociales y económicas”. Roosevelt acusaba entonces públicamente al Tribunal Supremo de “no actuar como un cuerpo judicial, sino como un cuerpo legislativo”, como “una tercera cámara”. Los jueces habían secuestrado la Constitución: “vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que dicen los jueces”.  Había que tomar acciones para “salvar la Constitución del Supremo y al Supremo de sí mismo”.

Para ilustrar plásticamente su posición, el Presidente  hilvanó una metáfora de resonancias platónicas. El sistema político americano debía entenderse como un carro tirado por tres caballos y guiados por un conductor. El auriga es “el pueblo americano”. “Los tres caballos son, evidentemente, las tres ramas del gobierno: el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial”. El problema, para el veterano político, residía en que los equinos no avanzaban alineados. “Hay dos caballos que tiran en la misma dirección; el tercero, no”.

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Esa dinámica no podía continuar. Nada podía entorpecer la voluntad popular expresada en el Ejecutivo y el Legislativo. Era perentorio remodelar los tribunales con personas que tuvieran “un sentido actualizado” de la Constitución. El camino más lógico era la aprobación de una enmienda constitucional. Pero el propio Roosevelt reconocía que la vía de la reforma constitucional era demasiado ardua, pues requería tiempo y había que lograr mayorías cualificadas. “Costaría meses o años conseguirlo”, concluía. Los intereses contrarios -también económicos- harían descarrilar el acuerdo. Así que debía seguirse un camino más directo: la mayoría demócrata en las Cámaras debía forzar el cambio aprobando una reforma del sistema judicial.

La política americana se asomaba al abismo iliberal. La división de poderes, los consensos constitucionales y los contrapesos institucionales estaban a punto de quedar seriamente tocados. La democracia liberal lockiana, donde el control y el límite de cualquier poder son consustanciales a la voluntad popular, iba a ser sustituida por una democracia de corte más roussoniano, donde la voluntad inmediata de la mayoría tiene todos los poderes. Este fue el dilema al que se enfrentaron los Congresistas y Senadores, especialmente los demócratas. Una democracia sin más forma que el impulso mayoritario del momento o una democracia estructurada sobre el consenso constitucional, limitador y protector al mismo tiempo.

Probablemente, muchos demócratas estaban de acuerdo con las medidas económicas y sociales de Roosevelt. Quizá muchos pensaran que el Supremo estaba siendo excesivamente restrictivo y extemporáneo en su interpretación de la Constitución. Ante esta situación, ¿era la interferencia y el sometimiento del poder judicial a la voluntad del presidente un mal menor o un mal mayor? ¿El cambio de las reglas del juego era un buen ardid de la razón política o abría la puerta a la arbitrariedad del poder en el futuro? ¿El atajo y el rodillo de la mayoría era una forma de impedir la obstrucción o despejaba el camino para que la tiranía de la mayoría pudiera acabar desguazando el sistema político americano?

Finalmente, el todopoderoso presidente Roosevelt no logró su objetivo. El proyecto de reforma judicial embarrancó en las dos Cámaras, dominadas por su propio partido. Es cierto que el Supremo acabó moderando su oposición a la línea política presidencial. Pero más cierto todavía es que con su decisión de preservar las formas y procedimientos constitucionales, además de la separación e independencia de poderes, los congresistas zanjaron el paso al autoritarismo y salvaron la democracia. “Los guardarraíles de la democracia”[1] habían funcionado y habían evitado un peligroso deslizamiento. Quizá solo hubiera sido un tropiezo, pero quizá el país se hubiera deslizado por una pendiente peligrosa, entrando en un círculo vicioso de negación del pluralismo institucional y político.

Seguramente, muchos demócratas pensaron que perdían y renunciaban a algunos avances que consideraban importantes en el corto plazo. Pero garantizaban la posibilidad de seguir creciendo como país en un horizonte más largo. Porque como han demostrado muy bien los pensadores neo-institucionalistas, sólo donde hay instituciones sólidas e independientes, sólo donde hay separación y limitación de poderes y un verdadero pluralismo político y social, puede haber crecimiento económico sostenido y desarrollo social transformador. Lo ejemplifican muy bien, basándose en todo tipo de culturas y épocas, Daron Acemoglu y James A. Robinson, en el estudio Por qué fracasan los países (Booket, 2014).

Este caso, que me he atrevido a evocar sintéticamente, puede ser interesante para alumbrar la situación que atravesamos en nuestro país, donde todas las instituciones se ven cuestionadas constantemente. Es un momento de enorme confusión. Al mismo tiempo que se pide la separación de poderes, se exige la injerencia política en procesos judiciales. En vez de modificar las leyes de acuerdo a los procedimientos adecuados, se espera que los jueces actúen de según el clima del momento. Algunos esperan de los políticos que actúen como jueces, mientras otros exigen a los jueces que se comporten como políticos. De la confusión solo saldremos volviendo a los fundamentos: que cada cuerpo del Estado cumpla su papel constitucional, sin querer llegar a más, sin quedarse de menos. Esa regeneración liberal de las instituciones debe ser irrenunciable en cualquier partido que hable en nombre de la libertad.

La lógica iliberal ha prendido especialmente en el mundo independentista, que ha reproducido casi literalmente muchos de los argumentos que utilizó Roosevelt. Por ejemplo, en relación al Tribunal Constitucional, o en la negación de los contrapesos políticos y los procedimientos legales. El soberanismo ha apelado a mandatos populares inexistentes como salvoconducto para hacer implosionar toda la estructura democrática e institucional. Durante años ha sido ridiculizado el Estado de Derecho y el pacto constitucional. Pero ahora también, como reacción, podría darse un volantazo iliberal al otro lado. Hay voces crecientes que exigen una respuesta enérgica e impulsiva, al margen de los derechos cívicos y garantías constitucionales.

No hay solución a los grandes problemas de nuestro país que no sea una solución liberal, en el sentido más amplio que nos legó Marañón: “Ser liberal es, primero, estar dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo; segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios”. Una praxis así requiere una maduración y un aprendizaje. Pero no hay alternativas ni atajos. No los tuvo Roosevelt ni debe tenerlos nadie.  El único medio que tenemos para resolver los retos nacionales son los seculares equilibrios de la democracia constitucional: sufragio y voluntad ciudadana, imperio de la ley, defensa de la Constitución, procedimientos institucionales, separación de poderes, reivindicación de los derechos y libertades de todos y deliberación sosegada dentro una opinión pública pluralista. Todo ello, enmarcado en un proyecto de regeneración que haga de España un contenido de esperanza para todos.

Parecen evidencias, pero ante tanta polvareda y tanto ruido, tenemos que volver a veces a la luminosa belleza de las primeras letras. No podremos escribir con ellas fantasías utópicas, pero viviremos la alegría del humanismo cívico. Al fin y al cabo, la democracia tiene menos que ver con la épica populista que predicaba Roosevelt en sus “charlas junto a la chimenea” que con los valores liberal-conservadores que se cultivan en una conversación junto al fuego: la luz de la palabra y de la escucha, el calor de una memoria compartida, la ilusión de un futuro imaginado en común, la apertura de la tolerancia y una pizca de sana y escéptica ironía.

[1] La idea de que la democracia tiene unos guardarraíles que, si se mantienen, evitan su degradación, es una de las tesis principales del libro de Steven Levitski y Daniel Ziblat (Cómo mueren las democracias). Buena parte del libro trata de comprender cuáles son estos “guardarraíles” fundamentales y cómo deben preservarse.

Este texto fue publicado originalmente en Red Floridablanca, 23.I.2018: http://www.redfloridablanca.es/la-democracia-chimenea-por-fernando-scosta/

 

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